CINCO SIGLOS IGUAL

¿En qué se diferencian las imágenes de la esclavización, propias de la época de la conquista española, con la lamentable realidad de los pueblos, en su mayoría afros, que practican la minería hoy en Colombia? En poco o nada. Continúan siendo los pueblos afrocolombianos, a través de familias enteras, con participación indiscriminada de hombres, mujeres, niños y niñas, quienes entran a los socavones a buscar las migajas del oro que las retroexcavadoras han dejado. Las imágenes dantescas de la vereda de San Antonio en el Municipio de Santander Quilichao, en el norte del Cauca, registradas por diversos medios de comunicación la semana anterior, son comparables con las de Zaragoza en inmediaciones de Buenaventura, la Colosa en Cajamarca, Tolima, o con las de Andagoya e Itsmina en Chocó, donde los gringos dejaron las retroexcavadoras oxidándose dentro del Río San Juan cuando habían expoliado la región. El problema de la minería en Colombia no sólo es que sea ilegal. El problema de fondo es el modelo extractivo que eterniza un modelo económico de dependencia, aupado por los gobiernos de Uribe y Santos. La dirigencia política colombiana, en su ámbito nacional, sigue condenando al pueblo colombiano más pobre a vivir en condiciones similares a las de hace cinco siglos. La gente pobre en Colombia está trabajando por la comida, arriesgando su vida sin ningún tipo de seguridad y mucho menos en condiciones laborales propias de la modernidad. Los miles de títulos mineros que el gobierno de Uribe comprometió y que Santos ejecutó, como base de su loco-motora minera, avanzan sin cortapisas de tipo social, cultural, político y ambiental. Es decir, lo último que se tiene en cuenta en la ejecución de este modelo extractivo es el daño ambiental y social. La fiebre del oro ha obnubilado de tal forma al mundo, desde que se tuvo conocimiento de las bondades del metal precioso, que se ha perdido de vista, totalmente, el altísimo costo, prácticamente impagable, para la vida humana, animal y vegetal. Los ríos se contaminan con el mercurio y en consecuencia esta fuente hídrica va contaminando a su paso todo lo que toca. Los sitios de esparcimiento y diversión natural, como lo era el Río Quinimayó en el norte del Cauca donde ocurrió la tragedia de Quilichao, se van volviendo lodo. La fauna y la flora huyen despavoridas con el ruido de las máquinas que luego de su paso solo dejan miseria y desolación. La gente muere atrapada en un alud de tierra por conseguir una pepita de oro. ¿Quién tiene esto en cuenta? ¿Cuando los gobiernos entregan títulos mineros miden estas consecuencias? ¿Cuando las multinacionales se van, compensan de alguna forma estos daños? Por supuesto que no, primero porque no hay como compensarlos, segundo porque el propio gobierno no las obliga. Multinacionales, como la Anglo Gold Ashanti, ampliamente cuestionada en el mundo entero por las claras violaciones de derechos humanos contra la población africana donde empezó su ilimitada explotación minera, y que ahora se recorre el territorio colombiano en busca de más oro, frente a tragedias como la Quilichao, lo primero que hace es solicitar un amparo administrativo al gobierno colombiano para proteger las miles de hectáreas cuya concesión había solicitado para explotar el metal precioso y que fueron penetradas por mineros ilegales de gran calado y pobres mineros artesanales afros que osaron morir en su terreno. ¿Y qué hacemos en las ciudades? ¿Ya hemos parado para pensar que cada joya adquirida a precios, desde irrisorios hasta absurdos, se producen a costa de la vida de pueblos afros esclavizados desde hace cinco siglos? Cada que consumimos cualquier joya de oro, hoy en día, estamos contribuyendo a una cadena de expoliación, miseria, desolación y muerte. Un pensamiento ambiental integral debería llevarnos a pensar, permanentemente, de dónde vienen las cosas que consumimos y hoy, particularmente, usar oro, en pequeñas o grandes cantidades es contribuir con una minería legal e ilegal de impagables costos ambientales y humanos. La minería artesanal prácticamente se acabó. El modelo extractivo agudizado por Uribe y continuado por la Locomotora minera de Santos, son el verdadero origen y el verdadero problema del actual desastre ambiental que produce la minería, no su ilegalidad. 500 años y aún siguen abiertas las venas de América Latina.

Observatorio realidades sociales de la Arquidiócesis de Cali

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