Quiero referirme a dos casos de violencia física y simbólica contra las mujeres que generaron polémica durante la semana pasada en Colombia. El primero de ellos, el caso de la reportera gráfica Ana María García del periódico El Tiempo que fue neutralizada por un policía en Bogotá, cuando pretendía registrar con su cámara digital el accidente del Transmilenio donde este vehículo de transporte masivo se partió en dos. Al pasar por el lugar, la reportera gráfica percibió la noticia perfecta para registrar y quiso tomar una foto a como diera lugar, el policía la toma por el brazo y le dice que ella no puede pasar al lugar de los hechos, ella le dice que la suelte y ahí empieza un forcejeo, donde por supuesto el policía con toda la fuerza y la técnica castrense doblegó a la reportera gráfica, haciendo gala de un desmedido uso de la fuerza y abuso de autoridad. Un transeúnte registró en su cámara la foto que aparece adjunta.
Fuente foto: El Espectador.
Con la contundente imagen de abuso de autoridad el Director de la Policía procedió a presentarle disculpas a la reportera en nombre de la institución, argumentando que al policía se le seguirá el respectivo proceso disciplinario y que su actuar es una vergüenza para la Policía Nacional. Analizando el caso con mis estudiantes del curso “Las mujeres en la historia” en la Universidad Autónoma de Occidente-Cali, considerábamos que este es no es un caso aislado de abuso de autoridad, sino que, por el contrario, el comportamiento del policía se corresponde con una directriz institucional y con la exigencia de una cultura misógina que le dicta consciente o inconscientemente a los hombres normales cómo actuar. Es decir, el policía actúa de acuerdo con lo aprendido y exigido en la institución a la que pertenece. Este policía está formado para estar al acecho del enemigo, identificar posibles delincuentes y sobre todo no aceptar un posible irrespeto a la autoridad, mucho menos por parte de una mujer irreverente. El policía se comportó pues, como un hombre normal, que actúa sin pensar, condicionado por exigencias viriles y militares, él sigue los patrones estandarizados de una cultura machista y obedece la jerarquía militar, tal como le ha sido enseñado.
La actitud del policía es pues, un ejemplo más de una cultura machista, misógina e irrespetuosa del género femenino – no sólo de las mujeres- y además de una cultura institucional que exige a sus funcionarios lealtad con la institución, demostrando resultados y competencia, jamás dando a entender atisbo alguno de debilidad. Un ejemplo más de lo que el sociólogo canadiense Michael Kaufman, llama “la contradicción de poder entre los hombres”. En el actuar de este policía confluyen varias situaciones: la normalidad de los hombres comunes, la virilidad irreflexiva y la práctica laboral automática.
El segundo y polémico, caso que puede calificarse de violencia simbólica contra las mujeres en Colombia, es la distribución y posterior confiscación de los llaveros distribuidos entre los soldados del ejército para promover la importancia de desactivar las minas antipersonales en Santa Rosa del sur, Bolívar. El llavero tiene en su centro la imagen de un par de piernas negras que desatan el sostén rojo de una mujer que está de espaldas, acompañado por el letrero: “Porque sus piernas sirven para algo más que caminar”. Con un claro contenido sexual, racial y de instrumentalización del cuerpo femenino, un funcionario de una Comisaría de Familia procedió a hacer la respectiva denuncia para impedir la distribución del polémico llavero. Afortunadamente alguien sensato tuvo a bien parar este desacierto, no obstante muchas preguntas se tejen alrededor.
Fuente foto: El Espectador.
¿Cuál es la naturaleza de este Estado colombiano, que si bien tiene funcionarios públicos sensatos como aquel que denunció la circulación del llavero, tiene otros que tienen la desfachatez de diseñarlo, producirlo y ponerlo a circular?
¿Cuál es el lugar que ocupa la mujer en el Estado Colombiano? Si hubiera claridad en el respeto absoluto que tanto hombres como mujeres merecen y que en la propaganda tiene un fin social, que no puede abusar de imágenes con contenido sexual, ni discriminatorio, este tipo de cosas ni siquiera podrían ocurrir.
No es el caso de una agencia particular de publicidad que distribuye información masiva para promover un mercado privado, estos llaveros, aunque hayan sido posteriormente decomisados, son realizados con recursos públicos, concebidos por un publicista -cuya calidad conceptual no entro juzgar aquí- ha sido contratado por ese Estado que debería estar comprometido con el respeto absoluto de las mujeres y con la educación social, de forma que no hubiera lugar a equívocos de este tipo.
Estos dos casos de violencia física, el primero, y simbólica el segundo, no responden a un comportamiento individual, sino a una directriz institucional que dista mucho de un proceso de civilización donde podamos construir una sociedad basada en el respeto absoluto del ser humano. Donde la mujer no tenga que andar defendiéndose de hombres que abusan de su fuerza física y, en este caso, jamás una mujer pensaría que tiene que defenderse de una institución que está para defenderla. Donde la imagen y el cuerpo de la mujer no sean, bajo ninguna circunstancia, instrumentalizados con fines de mercado ni de ningún otro tipo. Pero si el Estado, que debería ser el garante de los derechos humanos, da ejemplo de todo lo contrario, el avance por el proceso civilizatorio se nos hace más difícil.
No hay comentarios:
Publicar un comentario