¿AGUA POR ORO?

Cali, 9 de febrero de 2012

Siendo el agua un elemento fundamental para la vida en el planeta los humanos actuamos como si no lo fuera. No son pocas las denuncias que ambientalistas, científicos y moradores de las riberas de las cuencas hidrográficas han hecho sobre la contaminación y degradación permanente de los afluentes que bañan nuestras regiones y de la cual nos abastecemos para el consumo humano.

Sin embargo, las medidas legales y administrativas son pocas o nulas para detener esta contaminación histórica y acelerada que está llegando a límites críticos en la actualidad. Parece que cuando se habla de la crisis del agua, nos remitiéramos a las sequías africanas y no a la contaminación de los ríos con los que nos abastecemos a diario.

Diversas organizaciones, científicos y activistas ambientales, han alertado sobre la presencia de metales pesados y altamente contaminantes como el cianuro, el mercurio, el cadmio y el plomo, que trae efectos nocivos en la vida humana, animal y vegetal, específicamente en el sistema nervioso central. Sin embargo, los ríos se siguen contaminando como si hablar de contaminación ambiental y contaminación del agua, fuera un asunto lejano, sin mayores riesgos y no con daños a nosotros mismos, sin que las autoridades competentes hagan algo para detener el impacto de actividades mineras y forestales en las cuencas hidrográficas.

Estos ríos han sido y aún son contaminados por minas de carbón y de oro establecidas legal e ilegalmente, sobre las que el Estado nacional, regional y local no ejerce mayores controles, bien por su precariedad institucional, la incapacidad técnica de los funcionarios responsables de los asuntos ambientales o por el clientelismo de siempre, que termina sirviendo a los intereses de mineros, legales e ilegales, que explotan oro y carbón en zonas protegidas, especialmente en nacimientos de afluentes e incluso, en los terrenos de ríos tributarios, que no pueden destinarse a fines mineros.

En el Valle del Cauca se han denunciado los casos de Zaragoza y los Farallones de Cali, particularmente el caso de la región el Buey, Vereda de Peñas Blancas, que afecta directamente a los ríos Cali, Felidia, Anchicayá, y quebradas de los corregimientos de Felidia, la Leonera, los Andes y Pichindé, el acueducto de San Antonio y hasta del rio Cauca, debido a que estos ríos, como todos los de estas cuencas, desembocan ahí. La explotación minera a cielo abierto y la clásica de socavones están causando daños irreparables tanto en Zaragoza como en los Farallones de Cali, tal como ha ocurrido en Marmato, Caldas, en el Norte de Nariño y en Cajamarca, Tolima.

La calidad del agua que abastece la población es cada vez peor, pues al aumentar el volumen de lluvias y por tanto de los ríos, el tratamiento del agua potable es cada vez más difícil y costosa, esto sumado a los contaminantes ya señalados. La depredación, la tala y la asignación de tierras para la ganadería de ladera, afecta los caudales por la pérdida de los llamados ‘bosques de galería’ y la sedimentación de los ríos, así como la pérdida de la capa vegetal y protectora de los suelos. De nuevo, estamos frente a una cadena de hechos que trae como consecuencia unos efectos que han sido previamente anunciados, pero frente a los cuales ninguna autoridad ambiental, ni cívica, ni estatal, toma las medias del caso.

Esa especie de inacción política, ciudadana e institucional, se da por la inercia de una sociedad atomizada en sus intereses, necesidades e incertidumbres, a la que se suman la de un Estado precario en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la función pública, y la de unos actores privados, cuyos intereses son alimentados por un mercado creciente que invita a la depredación ambiental, que incluye, por supuesto, la contaminación del agua.

De seguir así, contaminando el agua y talando los bosques, Colombia podría convertirse en una gran Cerrejón, como ya lo han advertido expertos ambientalistas. ¿Vale la pena cambiar agua por oro?