Derechos Humanos en Colombia: ¿Una mentira?

Desde 1948 la Organización de las Naciones Unidas, ONU, declaró el 10 de diciembre como el día internacional de los Derechos Humanos. Esta fecha es conmemorada en distintos rincones del mundo occidental con el ánimo de analizar cómo están las distintas naciones en materia de derechos. Ayer, 14 de diciembre, se realizó en la Biblioteca Departamental de Cali, un foro para discutir sobre la situación de los derechos humanos en la ciudad, a partir de tres aspectos: 1. ¿Quiénes son los defensores y las defensoras de los derechos humanos? 2. De ¿quién es la responsabilidad de promover y defender los derechos?, y 3. ¿Cuál es el papel que juegan los medios de comunicación en la promoción de los derechos humanos?; para ello fueron convocados distintos medios de comunicación locales, regionales y nacionales, como también distintas organizaciones sociales y representantes estatales.
Era una mañana de fuerte aguacero y por eso el evento inició tarde, pues Cali estaba colapsada, dadas las inundaciones en distintos rincones de la ciudad. La lluvia fue la primera justificación que se dio para tratar de entender por qué ninguno de los representantes de los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, de los tradicionales y de los alternativos, de los universitarios y de los menos destacados, no fueron. Ninguno fue. ¡Ninguno! En ¿dónde quedó su responsabilidad social? ¿Con qué criterio y autoridad esos mismos medios exigen respeto a los derechos humanos, si a ellos mismos el tema sólo les interesa cuando hay víctimas mortales?
Si la lluvia fuera pretexto para no llegar a nuestros destinos, entonces nos tocaría quedarnos encerrados en casa, porque el cambio climático y el efecto invernadero ya son una realidad con la que debemos convivir y tratar de comprender para menguar sus impactos. Tampoco asistieron las instancias del Estado que defienden los Derechos Humanos, como la Personería y la Defensoría, que fueran previamente invitadas. La mesa estuvo compuesta por la representante de la Oficina de Paz de la Alcaldía de Cali, el Coordinador de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos, Daniel Atchebro y yo como moderadora del evento.
Avanzado el foro, que realmente se convirtió en una jornada de denuncia de los dolientes asistentes, cuyos familiares han sido víctimas de distintas formas de violación de derechos humanos y por tanto ellos también, se empezaron a elucidar distintas hipótesis que quiero compartir, haciendo las veces de reportera y ocupando el lugar que los representantes de los medios de comunicación dejaron vacío una vez más, cuando las denuncias sociales reclaman su presencia. Una mujer dijo: “Mientras los grandes medios de comunicación sigan estando en manos de las élites económicas de este país, los desposeídos, los pobres, los excluidos, los desplazados, los indígenas, los afrodescendientes, los trabajadores y las mujeres no tendremos un lugar destacado en la gran prensa. Nosotros no somos noticia, ni tenemos cómo pagar una nota”. El público de este foro considera que sólo son noticia cuando el morbo, la farándula, el sexo o la sangre puedan satisfacer el apetito de las audiencias y el de los medios que sobreviven y justifican su presencia gracias a las mediciones de rating. Si hiciéramos una movilización en la calle y alteráramos el orden público, quizás llegarían, dijeron.
Aceptado por consenso esta explicación para comprender la ausencia de los medios de comunicación, la palabra empezó a circular por la boca de gentes humildes que aprovechan en este espacio para hacer sus denuncias. Un espacio que terminó sirviendo de terapia colectiva para expresar distintos dolores donde el único consuelo es ser escuchado por otro ser que tiene un drama peor o similar al que cada uno expresa. Fue así como hablaron la señora que hace parte de la Asociación de Mujeres de Corteros de Caña; cuyos esposos han sido judicializados por reclamar sus derechos a un trabajo digno y denunció que el 6 de diciembre, luego del fuerte aguacero y de que se inundaran los alrededores del sector conocido como Juanchito, en las inmediaciones del Río Cauca, la población desesperada e inerme pidiera al Estado ayudas como carpas, alimentos, frazadas y todo lo que pudiera menguar los efectos del periodo de lluvias, sin embargo, lo único que obtuvieron como respuesta por parte del Estado fue la llegada del ESMAD para controlar los disturbios de la población cuyos ánimos, obviamente, se crisparon luego de la desatención estatal. ¿Cómo es posible? Preguntaba la Señora ¿Cómo es posible que frente a una crisis humanitaria por inundación, en vez de ayudas, el Estado envíe una fuerza represora como el ESMAD?
Otra señora denunciaba el caso de su hija y su yerno desaparecidos desde el año 2007. Ella dice que ha participado de todas las marchas en defensa de los derechos humanos con la esperanza de que aparezcan sus familiares, no sin antes haber realizado la respectiva denuncia por “desaparición” ante el GAULA y ante todas las dependencias pertinentes. Sin embargo, cada 2 o 3 meses cuando va de nuevo a estas oficinas a preguntar por los resultados de la investigación, los papeles están perdidos, y en varias ocasiones le han dicho que ella no ha puesto ninguna denuncia, lo cual desmiente mostrando sus propios certificados; y finalmente, la empolvada denuncia aparece traspapelada entre otros miles de casos. ¿Ustedes se alcanzan a imaginar el desaliento de los familiares de un desaparecido frente a esta situación? Atención que se caracteriza por la displicencia e impaciencia de los funcionarios y que finalmente es llevada a cabo cuando alguno de ellos se conduele y le ayuda a buscar la denuncia de su hija desaparecida, para confirmar una vez más que la investigación no avanza.
También se expresó un representante de los indígenas, de los desplazados y de los campesinos que explicaba, en palabras simples, las dificultades que enfrentan para regresar a sus territorios. No se trata de no querer volver sino de que no pueden –explicaba el señor-, pues no hay condiciones que garanticen la vida y el trabajo al regresar a sus tierras. Estas personas están presas del miedo; un miedo que se agudiza en esta selva de cemento donde las miradas, no sólo intolerantes, sino de desprecio, tanto de los funcionarios públicos como del ciudadano de a pié, les hace a diario sentir que no son bienvenidos en las ciudades. Estas familias cifran sus esperanzas en una incipiente Ley de Tierras que el Gobierno actual erige como compromiso son los más de 3 millones de desplazados, pero que todavía no aborda la magnitud de la tragedia, que realmente ameritaría una Reforma Agraria.
El señor era claro en distinguir la tierra del territorio. -Eso que es tan difícil de comprender para los estudiantes de Constitución y Democracia-. Decía que allá no sólo hay un pedazo de tierra del que fueron expropiados, sino que allá está su historia, sus amigos, sus familias, sus formas de vida y que todo eso hace parte de su territorio. ¿Cómo la ley de tierras va sustituir el territorio del que fueron despojados? Dice también que a los defensores de derechos humanos en Colombia el Estado les proporciona seguridad a través de un “teléfono avantel, un chaleco antibalas, un carro y un escolta que lo puede acompañar a donde vaya”, elementos que los hace más vulnerables y que muchos prefieren no recibir, pues no confían en su efectividad. Pues con las historias de “chuzadas” y el comportamiento en entredicho de algunos agentes de Gobierno, nadie confía en que el Estado realmente pueda brindarles seguridad.
La jornada avanzaba entre denuncias y más denuncias de distintos líderes y lideresas invitados a la jornada y entre lágrimas una señora nos remueve el corazón cuando dice “todo esto es mentira”. “Perdónenme” – Sollozaba- “Todo esto es una gran mentira”. Con gran vergüenza, porque sé que tiene toda la razón, yo asiento con la cabeza tratando de manifestarle mi solidaridad. Un manto de silencio envuelve el auditorio y la señora continúa con su relato. “Llevo 11 años buscando a mi hija desaparecida. 11 años. Nadie sabe nada de ella. Nadie responde. Nadie explica y mucho menos el Estado. Muchas veces los policías me han dicho que deje de buscarla, que debe estar por ahí, -perdónenme la expresión: que debe estar por ahí en cualquier chochal; eso no se le dice a una madre desesperada buscando a su hija desaparecida hace 11 años. Yo la sigo buscando porque es mi hija. Tengo una nieta que ya va a cumplir 18 años. Pero todo esto es una gran mentira. Yo también voy a todas las actividades, así como dice la otra señora que también tiene una hija desaparecida. Voy con la esperanza de que algún día mi hija aparezca. En los representantes del Estado sólo encontramos indiferencia. ¿Cómo es posible que en este país una muchacha vaya a un supermercado a comprar un esmalte y se desaparezca? Y nadie diga nada. Nadie haga nada. Perdónenme”. El caso de estas dos madres desesperadas buscando a sus hijas, hace parte de los más de 3.700 casos de desaparecidos que hay en el Valle del Cauca. Desaparecidos e invisibilizados.
Hablaron también varios sindicalistas que nos ilustraron sobre la situación de los trabajadores sindicalizados en Colombia, perseguidos por defender el derecho al trabajo. En particular se mencionó el caso del trabajador y la trabajadora demitidos de EMCALI que se han declarado en huelga de hambre desde el 5 de diciembre, ubicados en la Plaza de Caicedo, en pleno centro de la ciudad. La razón de su protesta radica en que desde el año 2004 fueron demitidos 51 trabajadores, el caso fue llevado a la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y a la justicia colombiana, teniendo como resultado el fallo a favor de una acción de Tutela que obliga al Señor Sabas Ramiro Tafur Reyes, Gerente Interventor de la Empresa a reincorporarlos de inmediato, sin embargo, este gerente ha desacatado la norma sin que la juez correspondiente, ni ningún otro funcionario tome medidas sobre el asunto.
Finalmente, terminamos el conversatorio con varios nudos en la garganta y con una sensación de impotencia y dolor. Sintiendo que realmente la señora tenía razón: “todo esto es una mentira”. Mientras estamos hablando de pobreza, desigualdad, desaparición forzada, desplazamiento forzado, huelgas de hambre, asesinatos, impunidad y desesperanza, en el Congreso de la República va avanzando sin mayores cortapisas una de las peores y más lesivas reformas a la justicia colombiana. ¡Efectivamente, necesitamos una reforma a la justicia! Necesitamos que la impunidad se reduzca, que los casos sean investigados y esclarecidos, que los defensores y defensoras de derechos humanos sean respetados, que la vida vuelva a tener valor y no que los militares tengan fuero especial para ser juzgados entre ellos.