Cárceles de Máxima Seguridad

Por Elizabeth Gómez Etayo
Socióloga de la Cultura

En Colombia las cárceles son de máxima seguridad para unas, y de máxima comodidad, para otros. Visité ayer la cárcel femenina de máxima seguridad de Jamundí, en el Valle del Cauca. Compartí por dos horas con las mujeres del pabellón llamado eufemísticamente “años dorados”. Después de pasar por seis controles que comprobaron mi honorabilidad y de que no estaba ingresando armas, drogas ni otros elementos prohibidos, accedí, junto con mi colega de trabajo, al salón donde me esperaban aproximadamente treinta cinco viejas mujeres.

Esperaba encontrar allí las criminales más temibles, pues estaba ingresando a una cárcel de máxima seguridad. Sin embargo, lo que mis ojos registraron fueron mujeres negras, indígenas, mestizas y campesinas; mujeres humildes, marginales y algunas abuelas, otras mujeres no tan viejas pero que por tener más de cincuenta años se consideran de la tercera edad. Eran, en todo caso, mujeres cuyos rostros no me transmitían el miedo que sí lo haría un peligroso criminal que se esperaría encontrar en una cárcel de máxima seguridad. Más bien, encontré en ellas una mirada perdida y desesperada. Una completa incomprensión de su destino. Sus delitos, que desconozco, al parecer no ameritan estar en esta cárcel.

Algunas de ellas están pagando condenas que se consideran excarcelables, pero que el lento proceso judicial colombiano hace que terminen pagando toda la condena y que no gocen del beneficio de tener la casa por cárcel, del que otros afortunados como Andrés Felipe Arias, si goza. Es evidente que un delito cuya condena oscila entre 20 y 40 meses no merecen ser purgados en una cárcel de máxima seguridad, como también que esta cárcel, por lo menos la femenina, no cumple con los objetivos para las cuales fue construida, -la de albergar a peligrosas criminales- sino que está sirviendo para descongestionar la antigua cárcel femenina del Buen Pastor y por supuesto para ocultar que la justicia en Colombia sigue cojeando.

Expresaron que, aunque detenidas, siguen siendo sujetos de derechos, pero que los desconocen, que les gustaría tener la asesoría y capacitación de estudiantes de derecho de último grado, para que les expliquen por qué pasan los años como sindicadas sin que se resuelva su condena; y se preguntan, por qué sus condenas excarcelables no siguen el trámite respectivo, por qué están en una cárcel de máxima seguridad si sus delitos no lo ameritan, por qué sólo tienen derecho a una visita por dos horas semanales. En fin, expresaron diversas demandas que deberían ser conocidas por el Estado.

Finalmente conversamos sobre si realmente la cárcel es una institución que resocialice y deje a las otroras delincuentes aptas para vivir de nuevo en sociedad. Entre risas irónicas dejaron claro que no, que la cárcel no resocializa. Tal vez no vuelvan a delinquir por miedo, pero no porque el Estado, moralmente inferior, le esté enseñando a ser mejores ciudadanas. No cuando viven esperando que los mismos gobernantes que ayudaron a construir estas cárceles, sean, ojalá en pocos años, sus próximos compañeros de celdas.